El caso se ha reavivado ahora con motivo del descenso del Elche a Segunda División. El Murcia, según ha podido saber esta Redacción, ya tenía incorporado a su demanda en el juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid este caso. Y el club ilicitano también se están amparando en el mismo para tratar de volver a Primera y defenderse, en su caso y en primera instancia, ante el Tribunal Administrativo del Deporte.
Tebas, quien en su día dijo que los contenciosos deportivos había que resolverlos en los tribunales deportivos y no en la justicia ordinaria, ya recurrió a la misma en cuando defendía los intereses del Badajoz. En aquél momento, el actual presidente de los clubes de Primera y Segunda, ganó un juicio a la Liga de Fútbol Profesional, que había sancionado al Badajoz con cinco millones de pesetas por no estar al día con Hacienda. En los juzgados de primera instancia la causa fue desestimada, pero en el posterior recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, Tebas demostró que era ilógico que un organismo como la LFP estuviera en el deber de «garantizar el incumplimiento de la normativa fiscal mediante el ejercicio de la potestad sancionadora», según la sentencia.
El 27 de marzo de 1998 la Comisión de Disciplina Social de la Liga Nacional de Fútbol Profesional inició un expediente en contra del Badajoz, que mantenía una deuda de casi 35 millones de pesetas en concepto de IVA, así como 9,1 por IRPF. La LFP calificó el caso como infracción muy grave, por lo que el club fue sancionado a la multa de 5.000.001 pesetas. Tebas, como asesor jurídico del Badajoz, inició un proceso judicial que concluyó en 2001 al considerar el TSJ que no era conforme a Derecho la sanción impuesta por la LFP.
El pasado verano, cuando la Liga decidió descender administrativamente al Real Murcia, la legislación era la misma situación que cuando el Badajoz ganó su recurso. Los granas ya presentaron ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) esta sentencia, pero este organiso no la tuvo en su día en cuenta. Otra cosa es lo que ocurra cuando en la justicia ordinaria se ponga en marcha el proceso. El club grana ha argumentado en su defensa que el organismo presidido por Javier Tebas no tiene potestad para decidir la inscripción o no de un club en el fútbol profesional por la situación económica. Y es que los servicios jurídicos del Real Murcia llevan meses defendiendo que los ratios económicos aprobados por la LFP no son legales. Aunque los granas acabaron descendiendo, tanto el juez Sánchez Magro, que sí otorgó la cautelarísima a los murcianistas, obligando a la Liga a inscribirles en Segunda, como el magistrado Vaquer Martín, que finalmente sentenció que no tenía potestad para tirar para atrás la decisión de descenso de la LFP como consecuencia de una serie de sanciones por impagos, coincidieron al oponerse al control económico al que la Liga quiere someter a sus asociados. «La LFP carece de expresa cobertura de Ley para restringir el acceso a la competición por razón del incumplimiento de ratios financieros de los clubes y SAD», se leía en el escrito del juez Vaquer Martín, quien daba un golpe sobre la mesa al añadir que «dichos parámetros y exigencias financieras aparecen regulados en norma interna asociativa, calificable de norma convencional, sin rango legal alguno, por más que la apruebe el Consejo Superior de Deportes».
Además, la Ley del Deporte no se ha modificado desde la sentencia que favoreció el Badajoz. La única variación que se ha introducido ha sido recientemente en el Real Decreto-Ley 5/2015, posterior al descenso administrativo del Real Murcia, sobre los derechos audiovisuales del fútbol. En el artículo 76.3.a se ha incluido ahora el «incumplimiento de los acuerdos de tipo económico de la Liga profesional correspondiente, incluido cualquier acuerdo válidamente tomado por los órganos de representación de dichas entidades que afecte al control económico y presupuestario de sus entidades asociadas».
Hace dos semanas, la Audiencia Provincial de Madrid resolvió en contra del Real Murcia el recurso de apelación que el club grana interpuso tras confirmarse el descenso por deudas, aunque sigue abierta la otra vía judicial, la contenciosa-administrativa. Lo que la Audiencia de Madrid hizo fue pasar por alto la queja formal de los murcianistas después de que el juez suplente ofreciera una resolución el 21 de agosto de 2014 que dejaba en el aire la readmisión de los granas en Segunda que se había ordenado dos semanas antes al suspender las medidas cautelarísimas.
«Es de interés precisar que la resolución judicial dictada no afecta a los procedimientos en cuanto al fondo, tanto al que se está tramitando en el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, como los que penden de la Jurisdicción contenciosa-administrativa que continúan su curso», informó el Murcia tras darse a conocer el fallo de una guerra que ni siquiera ha comenzado aún y para la que habrá que esperar.
Fuente: La Opinión
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