sábado, 22 de octubre de 2011

La juez da al Ayuntamiento plenos poderes sobre Nueva Condomina

Final al largo culebrón que enfrentaba desde marzo de 2009 al Ayuntamiento de Murcia y a Jesús Samper por las normas de uso del estadio Nueva Condomina. El dueño del Real Murcia se queda sin posibilidad de decidir qué se hace y qué no se hace en el estadio grana. Todo el poder y la capacidad de decisión pasa a manos del Gobierno municipal y de su alcalde, Miguel Ángel Cámara. Fin solo a la primera parte del conflicto, porque si el empresario madrileño recurre en apelación, habrá que esperar a un segundo fallo.

La titular del juzgado de la Contencioso Administrativo número 8 ha puesto luz en el largo enfrentamiento entre Samper y el Ayuntamiento representado en la figura del concejal de Deportes, Miguel Cascales.

El acuerdo adoptado en Junta de Gobierno el pasado 4 de marzo de 2009 que aprobó las condiciones de utilización de Nueva Condomina y que dejaba en minoría al Real Murcia a la hora de decidir sobre el uso del estadio fuera de lo que son los partidos oficiales del equipo grana (que siempre tiene prioridad) es perfectamente válido y el Real Murcia y su propietario no tendrá más remedio que acatarlo.

El Ayuntamiento decidió aprobar estar normas cuando el Real Murcia estaba en una importante situación de vacío de poder, con presidentes de paja que no tenían capacidad de decisión y a un paso de entrar en concurso de acreedores. En esos momentos Samper había dejado por sorpresa el club y desde el Ayuntamiento de Murcia se decidió actuar de manera unilateral para cubrir el vacío de regulación a la hora de usar la que es una de las obras más importantes del municipio en los últimos años. Cuando Samper regresó al Real Murcia se negó a acatar estar normas y pidió que se negociaran de manera bilateral y se aprobaran por convenio tras el acuerdo de ambas partes.

El alcalde Cámara fue muy claro y reiteró que de ese acuerdo no se cambiaría «ni una coma», lo que llevó a Samper a interponer recurso contencioso administrativo en los tribunales.

Eulalia Martínez, la juez titular que ha fallado sobre el caso, asegura en su sentencia que «el acuerdo impugnado no supone perjuicio alguno para el Real Murcia, que está en posesión y utilización del estadio Nueva Condomina y estas normas no obstan a la posibilidad de concluir un posterior convenio consensuado que, en ningún caso podría conllevar al Real Murcia la concesión del uso privativo, como parece ser la intención del recurrente».

Además, en la sentencia se argumenta que el Ayuntamiento «cumplió con el deber y la obligación de defensa del interés público al encontrarse con un bien público ocupado por una persona jurídica en situación de riesgo de insolvencia».

Las cláusulas que sembraron la discordia
El documento con las normas de uso del estadio Nueva Condomina consta de veinte cláusulas.

Con el objetivo de dar prioridad e importancia máxima al Real Murcia, se reconoce el derecho prioritario de utilizar el campo para sus partidos oficiales.

La estipulación más importante aparece al final del documento y establece que para celebrar actos o eventos extradeportivos y que nada tienen que ver con la competición oficial del Real Murcia, se designará una comisión compuesta por cuatro personas del Ayuntamiento (concejal de Deportes, jefa de servicio, jefe de las instalaciones deportivas y un arquitecto) y tres personas designadas por el Real Murcia. Ellos deliberarán y votarán la conveniencia o no de organizar conciertos u otros espectáculos.

La celebración por parte del Real Murcia de otras actividades deportivas no oficiales como amistosos necesitan la autorización municipal. La cesión del uso es por cincuenta años, prorrogables a diez más si ambas partes están de acuerdo.

De los gastos de mantenimiento se debe encargar el Murcia. Los técnicos municipales podrán revisar el estado del campo en cualquier momento, así como exigirle al club que realice las mejoras oportunas.

Si el club quiere hacer obras, será necesaria autorización municipal. Sólo se puede cambiar de nombre el estadio si se aprueba por Junta de Gobierno.

Fuente: La Verdad

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