El Consejo de Administración del Real Murcia ya tiene en su poder la solicitud de un grupo de accionistas de la entidad para complementar con hasta cuatro puntos del día la junta del próximo 8 de marzo fijada por la directiva grana la pasada semana. Este grupo de socios del Real Murcia ha hecho llegar al Enrique Roca esta carta, avalada por más del 5% del capital social, de tres formas: vía mail, a través de mensajería y también de forma presencial.
En ella piden la inclusión de cuatro puntos nuevos a los dos ya fijados. El primero, la «aprobación de composición del Consejo Administración, cese y nombramiento de consejeros y secretario» destinado a abrir la puerta a Felipe Moreno y sus cinco millones de euros iniciales. El objetivo, proceder a «una reestructuración completa de la situación financiera del club». Este grupo de accionistas representados por Higinio Pérez y Francisco Tornel, ex directivos del club, piden que, a través de un proceso de cooptación o sustitución de consejeros, este cambio se lleve a cabo antes del próximo 28 de febrero sin necesidad de acudir a la junta.
Gestión transparente
En el segundo punto solicitado, este grupo de accionistas pretende aprobar el ejercicio de una acción social frente a los miembros del Consejo por la «ineficiente y antijurídica ejecución del acuerdo adoptado en la junta del 29 de noviembre» en relación a una campaña de préstamos convertibles que apenas duró poco más de quince días.
El escrito, al que ha tenido acceso LAVERDAD, recoge, respecto a este punto y el breve espacio de tiempo que duró dicha campaña que finalmente el Consejo «incumple la presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2021-22 ante el Registro Mercantil (la fecha máxima fue el 31 de diciembre de 2022) y sin embargo exige a cualquier interesado que, desde el 16 al 31 de diciembre de 2022 tome la decisión de suscribir un préstamo, y mucho menos que desembolse diez millones de euros».
El tercer punto en el orden del día que pretenden incluir los accionistas «desestabilizadores», como así los ha llamado Agustín Ramos recientemente, apunta a la «extinción de préstamos participativos» y la presunta «infracción del deber de diligencia, lealtad, conflicto de intereses» a la hora de adquisición de éstos por partes de determinados accionistas. Por último, el último punto en el orden del día que este grupo de accionistas pretende incluir busca esclarecer si ha habido una infracción del punto 35 de los estatutos del club relacionado con el control presupuestario.
Estos pretenden conocer, según los datos del presupuesto ofrecido por el propio Consejo para este curso 2022-23 y tras el mercado invernal, si se cumple dicho control presupuestario y además requiere al órgano de gobierno del club informes sobre el importe de los abonos ingresados desde 30 de junio de 2022 hasta ahora, los contratos de publicidad firmados en la misma fecha, los que se mantienen de la temporada pasada y otros ingresos que haya podido recibir la sociedad en mencionado periodo.
Fuente: La Verdad
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