Los demandados son los consejeros que han dirigido el Real Murcia desde la Junta de Accionistas del 28 de diciembre de 2016 hasta la del 5 de noviembre de 2018, fecha en la que Víctor Gálvez sacó bandera blanca y abandonó la entidad.
En concreto, Raúl Moro, Gustavo Pomar, José Carrilero, Manuel Gimeno, Miguel Martínez, Enrique López, Stefan Settels, Deseado Flores, Juan Merino y Gabriel Torregrosa son los señalados, igual que el propio Víctor Gálvez y su hijo Víctor Valentino, Roberto Cases, Eduardo Tomás y Carlos Luis Quinto. Tras verse señalados por Higinio Pérez Mateos, la Fiscalía investigará ahora, tras la apertura de diligencias informativas, si pudieron incurrir en apropiación indebida, estafa, administración desleal, frustración de la ejecución de embargos, corrupción en los negocios, delito societario, receptación y blanqueo de capitales, defraudación a la Seguridad Social y blanqueo de capitales, delitos que recogen expresamente las dos denuncias.
Las armas del abogado murciano, también exconsejero del club y azote años atrás de Jesús Samper, son gran cantidad de documentación, contratos, recibos, facturas, números de cuenta, balances y los informes de auditoría de dos empresas, entre otro material probatorio aportado al Ministerio Público. También cuenta con los testimonios de, al menos, cuatro empleados del club, que han aportado «gran parte de la información sobre hechos relevantes». Según Higinio Pérez, el Real Murcia se habría visto perjudicado, solo en la temporada 2016-17, «en 2,1 millones», lo que ha hecho del club una entidad todavía más endeudada de lo que ya lo estaba.
Entre los asuntos que ha puesto encima de la mesa Higinio Pérez, destaca la acusación contra el Consejo que gobernaba el Real Murcia en octubre de 2017, a cuyos integrantes atribuye administración desleal, apropiación de fondos y frustración de una ejecución de embargo.
Venta clandestina de entradas
Esos supuestos delitos se derivarían del choque entre el Real Murcia y el Barcelona de Copa del Rey, jugado el 24 de aquel mes en la Nueva Condomina. Aunque la recaudación estaba embargada por la Agencia Tributaria, los consejeros del club, ante la imposibilidad de obtener ingresos de la venta de localidades, idearon «un mecanismo para expedir entradas sin el control de la Agencia Tributaria y obtener dinero». Según el denunciante, estos consejeros habilitaron «una impresora en las oficinas y se pusieron en venta las entradas», sin el control de dicho organismo recaudatorio.Aunque la Agencia Tributaria recaudó oficialmente 540.695 euros de aquel partido, «en documentos obtenidos en arqueos reales los días 25 de octubre y 2 de noviembre de 2017, la cifra real alcanzó los 664.825 euros, por lo que se obtuvieron de forma ilegal 124.130 euros». Un hecho del que, según el letrado, fueron testigos directos cuatro empleados del club. Dicha conducta no solo habría perjudicado «las arcas del Real Murcia, sino también a la Agencia Tributaria, «que fue burlada por actuaciones acordadas por los miembros del Consejo», incurriendo en varios delitos agravados por tratarse de una deuda pública.
Igualmente, la creación, en marzo de 2017, de la empresa Real Murcia Publicidad SL por Stefan Settels, José Carrilero y Deseado Flores, habría tenido por objetivo «dotarse de una empresa pantalla para eludir embargos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y los distintos juzgados de lo Social» sobre los ingresos por publicidad y patrocinios.
Para el denunciante queda demostrado, a través de las pruebas presentadas, que los grandes contratos de aquel curso y que debería haber ingresado el club «se desviaron a través de la empresa pantalla» y que, al mismo tiempo, una de las cuentas de esta firma se utilizó posteriormente para pagar denuncias de futbolistas, demostrando así ser una sociedad instrumental. Higinio Pérez apunta también a Pedro Contreras, administrador único de esta firma (nunca llegó a ser consejero), que se utilizó «para eludir embargos y ser vehículo de movimientos bancarios irregulares».
El fichaje de Biel Ribas
Detrás del fichaje de Biel Ribas, en el verano de 2017, habría varias irregularidades, según el abogado. Deseado Flores retiró 30.000 euros en efectivo de la caja del club para cerrar el mismo. Un dinero que, según recoge la denuncia, el director deportivo manchego compensó después con dos justificantes de 15.000 euros. Uno de los dos recibos contenía, en teoría, la firma de Biel Ribas, mientras que el segundo correspondía a Mikel Riera, su representante, aunque este no figuraba en el contrato.La denuncia asegura que la firma del recibo de Ribas «no coincide, en absoluto», con otros recibos firmados por el jugador y que, además, en el contrato del jugador esta cantidad de 15.000 euros «que fue entregada a cuenta» no aparece. Higinio Pérez refuerza su argumento asegurando que cuando Biel Ribas denunció ante la Asociación de Futbolistas Profesionales al Real Murcia por impago, también reclamó la mensualidad de julio de 2017, con lo que «no reconoce haber recibido dichos importes».
Del mismo modo, «una retirada por parte de Deseado Flores de billetes de 500 euros pondría en evidencia la utilización del Real Murcia para el blanqueo de capitales», dado que -según la argumentación del denunciante- este tipo de billetes no entra en el club de forma habitual y sí a través de préstamos de Corporación Empresarial Augusta. « Si la suma en metálico no fue asumida por el jugador, se trataría de una apropiación indebida del entonces consejero, simulando y falsificando recibos, existiendo en todo caso, un ilícito de corrupción en los negocios para la contratación del futbolista», sostiene la denuncia.
Fuente: La Verdad
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