El culebrón de la ampliación seguirá el 5 de noviembre

La vista judicial prevista para el mediodía de ayer en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Murcia arrancó nueve minutos antes de la una de la tarde, pero no va a terminar, como mínimo, hasta dentro de casi nueve meses. La juez María Dolores de las Heras fijó la fecha del juicio para el 5 de noviembre, dejando todo para una batalla final en la que Mauricio García de la Vega intentará demostrar que la última ampliación de capital, que dejó en las arcas granas 1,3 millones de euros, es ilegal y que antes de ponerla en marcha él tendría que haber sido inscrito como máximo accionista del club.

El mexicano tiene enfrente un opositor, el actual Consejo del equipo grana, que no da su brazo a torcer y que siente que va a ganar este pleito que dio ayer el pistoletazo de salida. Para los actuales dirigentes del Murcia, que ayer se pronunciaron a través del letrado Antonio Rubio, García de la Vega no tiene razón, ni al solicitar que se inscriba en el Registro Mercantil la anotación que avise a los nuevos accionistas que hay un pleito abierto, ni al buscar la nulidad de una ampliación que era vital para evitar la liquidación de la sociedad, aseguran.

Las cartas están encima de la mesa. Para los consejeros murcianos García de la Vega supo de la ampliación de capital desde el 11 de abril de 2018. Allí ya se señaló la ampliación como la única forma de restaurar el desequilibrio patrimonial que conducía al Murcia a la liquidación, y según argumenta el actual Consejo, García de la Vega presentó una demanda para impugnar dicha Junta,pero después la retiró.

Los actuales dirigentes del Murcia también aseguran que el litigio de García de la Vega es contra Moro y Gálvez, pero no contra el Real Murcia, que es un tercero en este proceso. Y también insisten en que las empresas del extremeño y el oriolano no participaron en la ampliación de capital. Quieren derrumbar así la teoría del mexicano de que este proceso iba dirigido a que Gálvez se quedara con el paquete mayoritario, hecho que no sucedió al final.

El requerimiento de García de la Vega a Raúl Moro para que formalizara la compraventa de acciones a finales de agosto es, según el Murcia, una prueba de que con la sentencia del TAS no era suficiente para acreditar que la compraventa de acciones entre ambos no se había formalizado.

Que García de la Vega pidió la impugnación de la ampliación de capital como socio y como tercero, algo incompatible, y que fue el propio Real Murcia el que solicitó a las partes que se pusieran de acuerdo sobre quién era dueño del club, demostrando así que el club era un tercero sin voz ni voto, son parte de la artillería del Consejo grana, que para dotar de argumentos a la ampliación presentó un informe firmado por el auditor Daniel Moreno. Este retrata que la situación económica del Murcia en abril obligaba a los administradores del club a convocar una ampliación para evitar la liquidación.

El TAS y el CSD, las armas

García de la Vega también piensa atacar duro. Cuenta a su favor con el laudo del TAS y la resolución posterior del CSD que obligaba a Raúl Moro a formalizar la opción de compra. Asegura que solo con esto debía haber sido inscrito en el libro de socios del Murcia, a pesar del artículo 7 de los estatutos sociales de la entidad, que exigen el consentimiento de las dos partes para hacer efectivo un traspaso de acciones, requisito al que se opuso Raúl Moro. El mexicano, eso sí, no podrá tirar del expediente sancionador abierto por la Federación Española de Fútbol que fue vetado como prueba por no estar acabado.

En el juicio de noviembre declararán García de la Vega, el consejero delegado del Murcia Francisco Miró, Higinio Pérez y Antonio Ruiz, secretarios de los dos últimos Consejos, el exconsejero Stefan Settels y Víctor Gálvez, expresidente del Real Murcia.

Fuente: La Verdad