Sin embargo, Raúl Moro, que en septiembre de 2017 llegaba a un acuerdo con Gonzalo Samper para hacerse como el paquete accionarial de Gestora Deportiva Murciana, nunca notificó esa operación al CSD, que hace unos meses, después de que se abriese la disputa entre Mauricio García y Víctor Gálvez, comunicaba que los títulos por los que peleaban el mexicano y el oriolano seguían a nombre de la mercantil formada por el fallecido Jesús Samper.
Así, casi seis meses después de que se cerrase la venta, Raúl Moro se enteró de un paso fundamental y del que se había olvidado completamente, de ahí que en ese momento enviase el formulario que ahora ha confirmado el Consejo Superior de Deportes, y que simplemente es un trámite que no cambia nada en el accionariado murcianista, ya que todo queda igual como está reflejado en el Registro Mercantil, donde sí estaba confirmada Corporación Augusta -sociedad creada por el extremeño para su entrada en el club grana- como propietaria del Real Murcia.
La confirmación de Raúl Moro como dueño del 84% de las acciones del Real Murcia no varía nada en el vacío de propietario que existe ahora mismo en Nueva Condomina desde la espantada del extremeño a finales de 2017. Aunque Víctor Gálvez ejerce de presidente del consejo de administración tras el golpe de estado dado por Miguel Martínez y Deseado Flores en marzo y la junta de accionistas llena de irregularidades del mes de abril, el oriolano sigue sin tener ni una sola acción a su nombre. De hecho, en la última junta de accionistas del mes de junio solo pudo votar gracias al poder entregado por Raúl Moro, ya que el contrato de compraventa que firmaron ambas partes no tiene ningún valor actualmente. Lo mismo le sucede a Mauricio García de la Vega. Pese a que el mexicano ejerció la opción de compra de las acciones de Moro en marzo, posteriormente era expulsado de las oficinas del estadio grana, quedándose en fuera de juego y con la única bala de que el TAS le dé la razón en el proceso que sigue abierto.
Víctor Gálvez, por un lado, y Mauricio García, por otro, acudían en esas fechas al Consejo Superior de Deportes para que les reconociese como poseedores de unas acciones que Raúl Moro vendió por dos lados distintos, en lo que podría ser calificado por un tribunal de doble venta, algo que es delito. El CSD, posteriormente, notificaría a ambas partes que no aceptaría ninguna de sus peticiones hasta que el TAS decida sobre quién tiene realmente la propiedad del Real Murcia.
Fuente: La Opinión
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